La reforma del sistema público de pensiones como parte de la ofensiva neoliberal.

Origen y evolución de los sistemas de pensiones.

Los primeros sistemas de pensiones contemporáneos surgieron a fines del siglo XIX cuando la revolución industrial iniciada en Inglaterra y pronto extendida al resto del continente, propició un desarrollo  económico  sin  precedentes  y  un  importante  crecimiento  urbano  en  el  que  grandes contingentes humanos fueron a nutrir, como mano de obra asalariada, las fábricas que se extendían por el occidente europeo.
Con la implantación del Estado liberal se impusieron nuevas leyes para favorecer la libertad de trabajo y en consecuencia se prohibieron los gremios. Este hecho supuso la desprotección de los antiguos miembros artesanos, cubiertos hasta entonces por las pólizas aportadas por sus integrantes. 

En la época del Gran Capital la pobreza en la vejez sólo se paliaría mediante la solidaridad familiar o la caridad institucional, estatal o eclesiástica. La misérrima situación del proletariado guió la expansión del movimiento obrero, hasta convertir la cuestión social en un desafío insoslayable para las nacientes democracias.

"La superación de los males sociales no reside exclusivamente en la represión de los excesos sino también en la búsqueda de fórmulas que permitan una mejora del bienestar de los trabajadores" discurso del Kaiser ante el Reichstag, 17 de noviembre de 1881

Entre 1881 y 1889 el canciller Bismarck presentó al Parlamento alemán una serie de leyes para conjurar el peligro de revueltas sociales, constituyendo una serie de seguros frente a accidentes, enfermedad,  vejez  e  invalidez.  Se  trataba  de  un  modelo  proporcional  financiado  a  partir  de las contribuciones  porcentuales  de  trabajadores  y  empresarios.  Este  sistema, el llamado modelo de reparto,  se  extendió  a  ramos específicos de la producción, con distintas reglas para cada sector, dando lugar así a un sistema de pensiones  fragmentado en la  Europa continental.

Un segundo modelo de provisión para atajar la pobreza en la vejez corresponde al sistema asistencial. En Dinamarca a finales del siglo XIX se creó un sistema público de pensiones financiado por los impuestos generales dirigido a los ciudadanos de menos recursos. A principios del siglo XX, el Reino Unido creo también un sistema de pensiones básicas, inicialmente no contributivas y de carácter asistencial  para  los  pobres  de  ‘buen  carácter  moral’,  financiado  a  través  de  los  impuestos  y administrados por el sector público. Inicialmente sólo las personas de menores ingresos tenían derecho a estas pensiones, para lo que debían cumplir unos requisitos ya que en este modelo, la cobertura se condiciona a la falta de recursos. Los países anglosajones y escandinavos que asumieron este modelo, formaron  la  llamada  familia  Beveridgeana.

 En 1940 el ministro británico de Trabajo Ernest Bevin solicitó a William Beveridge un informe para reconstruir el modelo de Seguridad Social eliminando las incoherencias que hasta entonces había arrastrado en su crecimiento. El  Report to the Parliament on Social Insurance and Allied Services se hizo público dos años después y en él preconizaba que todo ciudadano en edad laboral debe pagar una serie de tasas sociales, con el objetivo de establecer una serie de prestaciones en caso de enfermedad, invalidez o vejez para poder asegurar un nivel de vida mínimo.

Antes de 1929 el enfoque predominante en la sociedad occidental era que el Estado sólo debía atender las cuestiones de ley y orden para garantizar la seguridad de los individuos y la integridad de sus propiedades. Los servicios eran privados y tanto la educación, como la sanidad eran sufragadas por los usuarios, de igual manera ocurría con las prestaciones en la vejez. Las ayudas sociales para paliar la pobreza  eran mínimas  y  proporcionadas  en  unas  condiciones  que estigmatizaban a sus receptores. Con la Gran Depresión sin embargo, se transformó esta concepción y se produjo una evolución hacia la economía de mercado que abogaba por el intervencionismo estatal, abandonando la ortodoxia librecambista para seguir la receta keynesiana: el progreso sólo sería posible en la medida en que la mejora general de las condiciones de vida sostuviese la expansión del Estado del Bienestar.

Después de la Segunda Guerra Mundial, este modelo se expande con ciertas variaciones: las pensiones se universalizan, eliminando algunos test de recursos y ampliando su cobertura. En ciertos casos, estas pensiones asistenciales se complementan también con planes contributivos, más orientados a mantener el nivel de vida previo que a prevenir la pobreza. Asistimos en la Europa de la posguerra al nacimiento de un nuevo sistema híbrido entre los antiguos modelos, con características propias en cada país y una complejidad cada vez mayor. En líneas generales, los países europeos han avanzado, en mayor o menor medida, hacia los sistemas multipilar, compuestos de una base mínima de protección contra la  pobreza, un pilar con  beneficio proporcional y un pilar adicional  voluntario de ahorro individual, generalmente administrado por el sector privado. Cada país, sin embargo ha dado mayor o menor relevancia a cada uno de estos pilares y una mayor o menor participación al sector privado en cada uno de ellos.

El caso español.

El punto de partida de las políticas de protección social en nuestro país se sitúa en la Comisión de Reformas Sociales de 1883 que se encargó del estudio de cuestiones que consiguieran la mejora de la situación de la clase obrera. En 1900 se crea el primer seguro social, la Ley de Accidentes de Trabajo en 1908 el Instituto Nacional de Previsión, en el que se integran las cajas que gestionan los seguros sociales que van surgiendo. La protección dispensada era claramente insuficiente, por lo que surgieron las mutualidades laborales para completar estas prestaciones, organizándose a través de sectores de ocupación. La multiplicidad de estos sistemas impidió una gestión racional y eficaz.
 

Tras la creación de un sinnúmero de Regímenes Especiales durante los primeros años del franquismo, a partir de la reordenación en 1963 de la ley de Bases de la Seguridad Social, se unificaron los distintos sistemas de protección social existentes en un modelo integrado, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación. Esta ley puso los fundamentos de la universalización del sistema y aunque se establecía un modelo unitario, parte de la fragmentación inicial se mantuvo con organismos superpuestos.
 

El  Estado  del  Bienestar  en  nuestro  país  se  abrió  paso  en  democracia  sometido  a  fuertes presiones, en una situación de crisis abierta en el modelo de crecimiento y en un contexto de ajuste de
los  sistemas  de  pensiones  europeos  a  los  nuevos  escenarios.  En  este  marco,  el  proceso  de universalización de las pensiones en nuestro país, se constituye como un mecanismo legitimador de la
democracia y así se garantiza en el artículo 41 de la Constitución de 1978. Así el Decreto Ley 36 de Diciembre de 1978, configura un sistema de participación institucional de los agentes sociales en la SS. Este impulso social, junto con el incremento salarial y otros factores determinantes, como el asesinato del almirante Carrero Blanco y la muerte del dictador, fueron la base para que la oposición al régimen perdiera radicalidad y optase por una transición política negociada para mantener el status quo en la sociedad española.
 

La   oleada   neoliberal.

En 1980 se abre un nuevo ciclo político económico bajo el impulso de la transnacionalización económica y el auge de las políticas neoliberales. En esta década termina el período de expansión de los sistemas de protección social y comienza una etapa nueva marcada por las corrientes liberalizadoras personificadas en el tándem Tatcher-Reagan. El supuesto interés de las reformas que promovieron fue la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones en un contexto de cambio demográfico y envejecimiento de la población. Se llevaron a cabo un conjunto de ajustes orientados a reducir el gasto público con medidas de austeridad. Muchos de los países con sistemas de reparto fueron objeto de reformas  sustanciales,  incluyendo  tanto  incentivos  para  retrasar  la  edad  de jubilación,  como  el endurecimiento en las condiciones de acceso a las pensiones, entre otras períodos contributivos más largos.En Europa generalmente se tomaron dos medidas para la contención del gasto. En primer lugar el cálculo de las pensiones se hizo según la evolución de los precios y no ya de los salarios. En segundo lugar se hizo sobre el ingreso medio de toda la vida y no de los últimos años de cotización medidas que tendieron a reducir de manera indirecta los beneficios futuros.

Estas medidas fueron prescritas desde el informe anual de la OCDE en 1990, que aseveraba la insostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones en los países industriales como consecuencia del envejecimiento demográfico, abogando por la contratación de fondos privados. En 1994 el Banco
Mundial hizo público otro informe  Adverting the old age crisis argumentando que la relación entre demografía y mercado laboral sería un desafío inasumible, ya que aumentaría el gasto público de manera  exponencial.  Planteaba  además  que  la  eficiencia  de  los  sistemas  públicos,  al  no  obtener rendimientos en Bolsa como los privados, era menor, por lo que proponía disminuir las prestaciones públicas para hacerlas más duraderas, incluyendo medidas que endurecían el acceso para recibir la pensión. Se asumía que el deterioro del sistema de reparto sería un incentivo para la inversión en los planes privados, como de hecho ocurrió. Coincidiendo con esta primera concatenación de informes, los fondos privados vivieron un auge excepcional y pasaron de gestionar 4,9 billones de euros a 11,5 billones entre 1995 y el año 2000 según los datos del Fondo General de Seguros y Fondos de Pensiones.2009. El Banco Mundial se mostraba partidario de combinar ambos pilares,  público  y  privado,  como  paso  previo  a  la  privatización. Así  el  primero  quedaría  como prestaciones asistenciales para prevenir la pobreza y el segundo, para mantener el nivel de vida tras la jubilación.

El Viejo Continente.

La Unión Europea nunca ha tenido competencias en el ámbito de las pensiones, tal como se estipula en el artículo 222 del Tratado de Roma de 1957 y esta concepción ha pervivido hasta la fracasada Constitución Europea. A pesar de ello la Comisión Europea se ha mostrado partidaria de esta política privatizadora y así se pronunció en el Comunicado C360/08 de diciembre de 1994:  la Unión Europea  se  está  planteando  la  legislación  para  liberalizar  la  provisión  y  gestión  de  fondos  de pensiones para mejorar la movilidad laboral, la libertad de movimientos de capital y la libertad de proporcionarse  servicios  entre  los  Estados  miembro.  Es  decir,  los  fondos  privados  ayudarían  a fortalecer financieramente un mercado integrado de capitales, pero para ello es necesario acabar con la generosidad de los sistemas públicos de pensiones. 

En este sentido también se posicionó el lobby de gestores de fondos de pensiones, Federación Europea para la Provisión de la Jubilación, EFRP por sus siglas en inglés. El documento que presentó a la Comisión Europea en 1997, Libro Verde en pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros, llamado  Greenpaper, argumentaba en favor de los beneficios que sobrevendrían de la inversión de los fondos de pensiones privados en el mercado financiero, abogaba por la expansión de estos fondos hasta que alcanzaran un 60% de la cobertura y proporcionaran así mayor liquidez. La Comisión Europea satisfizo sus demandas derogando algunas limitaciones que impedían la inversión de los fondos de pensiones en operaciones de riesgo.

En 1998 la reunión del Consejo Europeo en Cardiff y Viena, encargó a la Comisión presentar propuestas  para  mejorar  el  mercado  para  los  servicios  financieros.  Los  informes   resultantes Servicios financieros: un marco para la acción y Plan de Acción para los Servicios Financieros manifestaron como objetivo la construcción de un mercado bursátil plenamente integrado, para lo que
se  trataron  en  las  Cumbres  de  Lisboa  2000  y  Estocolmo  2001  una  serie  de  disposiciones  que
construyeran la nueva arquitectura financiera en Europa. Tradicionalmente en el viejo continente el crédito bancario era el método principal de financiación empresarial, mientras que en Estados Unidos se recurre a la Bolsa. La tendencia es aproximarse a este modelo, para lo que los fondos privados de pensiones representan una garantía de capitalización. Así la resolución del Parlamento Europeo, publicada en Diario Oficial de la Unión Europea el 20 de noviembre de 2008 (C 16/ E 35) Sobre el futuro de los sistemas de seguridad social y de pensiones: financiación y tendencia a la individualización, considerando la evolución demográfica del continente, insta a los Estados miembro a adoptar medidas para garantizar el futuro de los sistemas de pensiones públicas. Subraya en el artículo 27 que una estructura de tres pilares es una opción equilibrada; sugiere que los sistemas obligatorios de pensiones se complementen con unos sistemas profesionales de pensiones colectivos y con los productos adicionales individuales del tercer pilar. Pide a la Comisión que inicie la preparación de un marco adecuado y viable para la regulación y supervisión de los productos de pensión paneuropeos.

La reforma neoliberal en España.

En nuestro país la reforma de la Ley 26 de 1985 aumentó el número de años contributivos requeridos para obtener la jubilación ordinaria de ocho a quince, y extendió el período de referencia para el cálculo de la base reguladora de dos a ocho años. Todos estos factores estuvieron orientados a reducir el coste del sistema, y a consolidar su faceta contributiva, acercando los niveles de beneficio a las contribuciones realizadas. Esto se complementó con la creación e incentivo de pensiones privadas individuales, según la tendencia occidental. La primera reforma en esta dirección data de 1987, cuando se establece el marco regulatorio para la afiliación voluntaria a pensiones privadas de capitalización y se introducen incentivos fiscales para fomentar su desarrollo. Estas desgravaciones de los sectores con mayores ingresos puede ser cuestionada por su regresividad, pero lograron espectaculares resultados. El tercer aspecto de la reforma española fue la separación de las pensiones contributivas y no contributivas mediante la Ley 26/1990, y el R.D. 357/91 con la creación de una pensión no contributiva financiada con los recursos presupuestarios.

El Pacto de Toledo, en 1995 inició una segunda etapa de reformas. Este fue un acuerdo suscrito por los partidos y los sindicatos mayoritarios y tuvo como consecuencia el establecimiento de una hoja de ruta que garantizase la estabilidad financiera de la Seguridad Social. La simplificación legislativa fue llevada a cabo por el Texto Refundido de 1994. En 2001 se crea el Fondo de Reserva de la  Seguridad  Social,  con  el  fin  de  capitalizar  los  excedentes  del  sistema  para  utilizarlos  en  los momentos  deficitarios.  Gracias  a  éste,  el  superávit  en  las  cuentas  de  la  Seguridad  Social  se  ha mantenido durante varios años consecutivos a pesar de la durísima coyuntura laboral.

A finales de siglo pasado la corriente neoliberal llegó también a España donde las condiciones financieras eran mejores que en otros países europeos, en parte como resultado del tardío desarrollo del sistema español, pero también del proceso de crecimiento económico y del empleo de los últimos años, que mejoraron las bases contributivas del sistema. Al mismo tiempo, al igual que otros países de Europa del Sur, el cambio demográfico se presentó en España de manera particularmente pronunciada, con un notable porcentaje de la población por encima de los 65 años y un grave descenso de la tasa de natalidad. Esta tendencia demográfica dio argumentos para las propuestas de reforma o modernización. Desde 1995 se multiplicaron los estudios subvencionados por las grandes entidades financieras como el BBVA, La Caixa, FUNCAS o el Círculo de Empresarios, alertando sobre la insostenibilidad del sistema  y  proponiendo  diversas  reformas  en  pro  de  los  fondos  privados,  algunos  incluso  la privatización del sistema al estilo  latinoamericano. Sin embargo la Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social del 13 de julio de 2006, fue más prudente tratando básicamente de contener la evolución futura del gasto y estimulando el alargamiento de la vida laboral. En este período los fondos privados pasaron gestionar de 13.000 a 38.000 millones de euros.

En primavera de 2007 se presentó un anteproyecto de ley para reformar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, dotarle de una mayor flexibilidad e invertir los excedentes en Bolsa, en lugar de títulos  de  renta  fija,  de  esta  manera  se  pretendía  aprovechar  la  euforia  bursátil  para  reducir  las aportaciones de la patronal. El estallido de la crisis financiera en agosto de 2007 y la congelación de la actividad parlamentaria por las elecciones de 2008, paralizaron el proyecto hasta que caducó. La
espectacular caída bursátil y la depreciación de los fondos privados, calló momentáneamente a los partidarios de la flexibilización, pero por poco tiempo. 

Como consecuencia de la crisis se han rearmado las críticas para reformar el sistema público de pensiones en España, a pesar de los resultados de superávit que arroja a la Seguridad Social aún en la difícil coyuntura actual, a pesar también que los estudios sufragados por entidades con intereses comprometidos, erraron en todas sus predicciones catastrofistas y a pesar también de la volatilidad demostrada por los fondos de pensiones privados . De hecho este informe de la OCDE muestra "preocupación" por "los resultados a largo plazo" de estos fondos, sin embargo la Memoria Anual de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda realizada en base a la información facilitada por las entidades gestoras de planes y fondos de pensiones, repasa la evolución de los fondos privados desde el contexto internacional hasta la coyuntura específica de nuestro país e insiste en este informe en la escasa cuantía que representan los fondos privados en nuestro país como un fenómeno a combatir.

Lograr que la población contrate estos productos financieros pasa por introducir el miedo en la ciudadanía sobre el futuro del sistema público, así se insistió  repetidamente  desde  las  instituciones con intereses claramente comprometidos en el negocio de los planes y fondos de pensiones  y  las  distintas  plataformas  mediáticas, insostenibilidad del modelo de reparto (como ejemplo los editoriales de La Vanguardia y El País que citaba especialmente a los expertos David Taguas y María Jesús Sáez, colaboradores asiduos del BBVA, que erraron sus predicciones catastrofistas).

El Congreso de los Diputados aprobó en enero del 2011, las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2010. Entre las medidas votadas se considera el alargamiento de la vida laboral hasta los 67 años; la modificación del cálculo de la pensión ampliando la base reguladora de 15 a 25 años y el alargamiento del período de cotización para alcanzar la pensión máxima. Esto supondrá una merma en la cuantía de las pensiones futuras debido a las penalizaciones que plantea, lo que se traduce en un fuerte estímulo para la contratación de fondos privados, cuyo patrimonio en España es de alrededor de 82 000 millones de euros. Entre las principales medidas adoptadas por los partidos políticos para modernizar el sistema público de pensiones, destaca que los partidos mayoritarios aboguen por incentivar los planes privados con discrepancias en la forma. La propuesta del secretario de Estado para la Seguridad Social Enrique Granado de fomentar los planes de pensiones dentro de la negociación colectiva, esconde que entre los gestores de esos planes de capitalización también estarán los sindicatos mayoritarios como accionistas. Al incluirles se aseguran su aquiescencia en la reforma.

La sostenibilidad del sistema de pensiones español debe de entenderse desde un punto de vista holístico, si queremos que el sistema sea sostenible se tendría que reducir la deuda pública del estado o la tasa de paro. Otro factor clave a tener en cuenta es mejorar la productividad, ya que es éste un punto débil de nuestra economía. También se podrían restringir las prejubilaciones, dado el alto coste que tiene en los sistemas de seguridad social y combinar con fórmulas que incentiven el trabajo a tiempo parcial a partir de los 60 años, porque además de suponer un ahorro de costes para el gobierno, también tendría efectos positivos en los ciudadanos a nivel psicológico, dado que se acoplarían mejor a un nuevo  rol  dentro  de  su  vida. Asistimos  sin  embargo  a  un  nuevo  triunfo  del  capitalismo  ya que los fondos de pensiones privados suponen miles de millones a largo  plazo,  dinero muy codiciado  por  los  especuladores  financieros  para negociar en  las  plazas internacionales. La gestión de esta ingente cantidad de capitales debería ser responsable, algo que en la actualidad  es  lamentablemente  obvio  que  no  se  cumple,  puesto  que  la  perspectiva  de  beneficio inmediato prima sobre otras consideraciones, como el bienestar de la ciudadanía o el mantenimiento de los servicios públicos. Esto sin duda se debe a la ausencia de una amenaza seria para el capitalismo, que obligue a la reinversión de los beneficios para contrarrestar las veleidades revolucionarias de la población.